Aprobado el PISCC 2024-2027, para seguir reduciendo los delitos de alto impacto en el Magdalena

En la cuarta sesión del Comité Territorial de Orden Público del Departamento, se aprobó por unanimidad el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), construido con la participación activa de la fuerza pública y comunidades de los 29 municipios del Magdalena, quienes contribuyeron con sus conocimientos y perspectivas para asegurar que las medidas propuestas sean efectivas y respondan a las necesidades reales de la comunidad.

El PISCC es un documento que contiene estrategias, líneas, programas y proyectos con la finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía magdalenense. Son 57 acciones para los próximos cuatro años, con una apropiación de recursos de $16.500 millones para este 2024, con un enfoque, no sólo represivo, sino también preventivo.

Durante la sesión, el gobernador Rafael Martínez señaló que el PISCC tiene un capítulo especial para el fortalecimiento de las agencias de seguridad del Estado; a su vez la implementación de acciones como la patrulla púrpura, de infancia y adolescencia, y trabajar por la resolución de conflictos. “Este plan está alineado con el PDD Nacional y con los PDD de las diferentes alcaldías. Nosotros continuamos las líneas generales del PISCC del cuatrienio anterior con sus exitosos programas y proyectos. Las estadísticas son favorables para el departamento, por ejemplo, el homicidio sostiene una disminución del 18% en el primer trimestre del 2024”, dijo Martínez.

El mandatario señaló que en conjunto con las Secretarías de Gobierno de los municipios articulará un ‘decálogo’ para la realización de los eventos públicos, con el objetivo de disminuir los escenarios que provocan los episodios de lesiones personales.   

Cabe destacar que este documento fue orientado en la lucha contra el crimen organizado y la presencia de grupos armados organizados en todo el departamento; en el fortalecimiento de capacidades en materia de prevención basada en género y protección de niños, niñas y adolescentes; y en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza pública, (CTI de la Fiscalía, Policía Metropolitana y Departamental, Ejército Nacional.