La llamada “paz total”, bandera del gobierno de Gustavo Petro, prometía abrir un nuevo capítulo en la historia del conflicto colombiano. Sin embargo, con el paso de los meses, esa apuesta parece haberse convertido más en un experimento fallido que en una solución real. La fragmentación de los diálogos, la falta de resultados concretos y la ausencia de control territorial han dejado al descubierto una política que, lejos de pacificar, ha generado incertidumbre y debilitado la autoridad del Estado en amplias regiones del país.
En lugar de reducir la violencia, múltiples zonas de Colombia han experimentado un repunte alarmante de la inseguridad. Los ceses al fuego bilaterales, muchas veces incumplidos o mal supervisados, han servido como ventana de oportunidad para que los grupos armados se reorganicen, expandan sus economías ilegales y fortalezcan su control sobre comunidades vulnerables. El ciudadano común, que esperaba alivio, hoy enfrenta extorsiones, desplazamientos y amenazas en un contexto donde la presencia estatal es cada vez más débil.
El caso del Magdalena es particularmente preocupante. En esta región, la consolidación de estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ha evidenciado cómo estos grupos han aprovechado el discurso de negociación para ampliar su influencia. Lejos de disminuir su accionar, han intensificado el control territorial, imponiendo reglas, cobrando extorsiones y generando un clima de miedo que golpea directamente a comerciantes, líderes sociales y periodistas.
A esto se suma la expansión del Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuya presencia en distintas regiones del país continúa creciendo. Este grupo, con una estructura más consolidada y una economía criminal robusta, ha sabido capitalizar los vacíos dejados por el Estado y las ambigüedades de la “paz total”. El resultado es una especie de reconfiguración del conflicto, donde las disputas territoriales se intensifican y la población civil queda en medio de una guerra silenciosa.
El fracaso de la “paz total” no solo se mide en cifras de violencia, sino en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Colombia no puede permitirse seguir improvisando en un tema tan delicado. La paz no se construye únicamente con discursos ni con concesiones unilaterales, sino con presencia efectiva del Estado, justicia y garantías reales de seguridad. Mientras estos elementos no se fortalezcan, regiones como el Magdalena seguirán siendo el reflejo de una política que prometió esperanza, pero que hoy deja una sensación creciente de abandono.