Columna de opinión
*Diego Alonso Ramírez Oyola
El secuestro de miembros de la Fuerza Pública en Colombia, especialmente soldados, se ha vuelto una peligrosa estrategia de guerra usada por grupos armados ilegales. En 2025, más de 90 uniformados han sido privados de la libertad, disfrazando el crimen con eufemismos como “retención” o “protesta social”.
Lo ocurrido recientemente en Cauca y Guaviare —donde tropas fueron rodeadas, desarmadas y secuestradas por civiles presionados por estructuras ilegales— no es un acto aislado, es un patrón. Un ataque directo contra la autoridad del Estado.
Normalizar estos hechos debilita la moral de quienes nos protegen y envía un mensaje equivocado: que el crimen puede imponerse sin consecuencias. El secuestro, venga de quien venga, es un delito. Y cuando se trata de soldados, también es una afrenta a la soberanía.
El Estado debe actuar con firmeza, sin excusas ni discursos ambiguos. Proteger a la Fuerza Pública es proteger la democracia. No hacerlo, es dejar el país a merced de quienes ya han demostrado que no conocen límites.