El pasado 5 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de diálogo urgente tras advertir riesgos de financiación en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según el organismo, existían graves indicios de posible suspensión o terminación anticipada del programa, lo que afectaría a más de 3,5 millones de niños en el país.
A esta alerta se sumó la Contraloría General de la República, que señaló un déficit cercano a los $500 mil millones en 18 entidades territoriales.
Si bien en un primer momento el ministro de Educación, Daniel Rojas, desmintió la situación asegurando que “el gobierno está totalmente al día con los giros del programa”, posteriormente su cartera confirmó la participación en la mesa técnica convocada para evaluar la crisis.
En este contexto, la Gobernación del Magdalena emitió un comunicado en el que advierte un alto riesgo de descontinuidad en la entrega de raciones escolares en el departamento. La administración precisó que, pese a haber cumplido con los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros exigidos desde mayo en reuniones con los ministerios de Educación, Hacienda y la UAPA, la aprobación del proyecto ha sufrido constantes dilaciones.
El gobierno departamental explicó que, mientras tanto, el PAE ha autorizado la prestación del servicio por ocho días adicionales, mientras se gestionan recursos ante el OCAD Regional para cubrir los 47 días restantes del calendario escolar.
No obstante, la Gobernación advirtió que, sin la viabilización del proyecto desde el nivel central, miles de niños en el Magdalena podrían quedarse sin alimentación escolar debido a los tiempos de contratación.