A medida que se acerca la segunda vuelta presidencial, los ciudadanos de Santa Marta tienen razones para preguntarse cómo cambiaría la seguridad de la ciudad bajo un eventual gobierno de Iván Cepeda Castro o de Abelardo de la Espriella. Aunque ambos representan visiones políticas muy diferentes sobre el papel del Estado y la lucha contra la criminalidad, la realidad es que cualquiera de los dos llegaría a la Casa de Nariño enfrentando desafíos complejos en una ciudad donde la extorsión, la presencia de grupos armados ilegales y la delincuencia común siguen afectando la vida diaria de miles de personas.
Si Iván Cepeda llegara a la Presidencia, es probable que su enfoque estuviera alineado con políticas que privilegien el diálogo, la implementación de acuerdos de paz y la búsqueda de soluciones integrales a las causas de la violencia. Sus defensores sostienen que una mayor inversión social, acompañada de una presencia estatal más sólida en los territorios, podría contribuir a reducir el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales y disminuir los niveles de violencia. Sin embargo, sus críticos advierten que una estrategia percibida como excesivamente enfocada en la negociación podría generar dudas sobre la capacidad del Estado para responder con firmeza frente a estructuras criminales que continúan obteniendo recursos mediante la extorsión y otras actividades ilegales.
Por su parte, Abelardo de la Espriella ha construido buena parte de su discurso alrededor de una política de seguridad más severa y de un fortalecimiento de la autoridad del Estado. Sus propuestas suelen enfatizar el aumento de las capacidades de la Fuerza Pública, el endurecimiento de las penas y una confrontación más directa contra las organizaciones criminales. Quienes respaldan esta visión consideran que una respuesta contundente podría enviar un mensaje claro a quienes controlan economías ilegales en distintas regiones del país. No obstante, también existen interrogantes sobre la efectividad de las estrategias exclusivamente represivas si no vienen acompañadas de medidas sociales y económicas que permitan atacar las causas estructurales de la criminalidad.
Para Santa Marta, el verdadero desafío no dependerá únicamente del nombre del próximo presidente, sino de la capacidad de su gobierno para enfrentar fenómenos que llevan años deteriorando la seguridad ciudadana. La extorsión que golpea a comerciantes y trabajadores, la influencia de grupos armados ilegales en zonas estratégicas del Magdalena y el aumento de delitos como el hurto continúan siendo problemas que exigen respuestas concretas. Ya sea bajo un gobierno de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella, los samarios no medirán el éxito de una administración por sus discursos, sino por su capacidad para devolver la tranquilidad a las calles y garantizar que la ley prevalezca sobre el miedo