La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear un bloque de defensa para la seguridad urbana ha abierto un debate que Colombia no puede darse el lujo de ignorar. Si bien la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y exige respuestas contundentes del Estado, la historia demuestra que las soluciones basadas en estructuras de seguridad con participación civil o de carácter paralelo pueden terminar generando más violencia que tranquilidad. La promesa de recuperar el orden no puede construirse sobre modelos que ya dejaron profundas cicatrices en el país.
El planteamiento recuerda inevitablemente a las Convivir, cooperativas de vigilancia que surgieron en la década de los noventa con el propósito de apoyar a las autoridades en la lucha contra la criminalidad. Con el paso del tiempo, numerosas investigaciones y decisiones judiciales evidenciaron que, en distintas regiones, algunas de estas organizaciones fueron infiltradas o terminaron sirviendo de apoyo a estructuras paramilitares, facilitando graves violaciones de derechos humanos. Ese antecedente obliga a que cualquier iniciativa similar sea examinada con extremo rigor, especialmente en un país donde la línea entre la seguridad y la ilegalidad ha sido, en ocasiones, peligrosamente delgada.
En departamentos como el Magdalena, las preocupaciones son aún mayores. La región ha vivido durante décadas las consecuencias de la presencia de grupos armados ilegales, economías criminales y disputas por el control territorial. Crear un nuevo bloque de defensa podría convertirse en un factor adicional de tensión, alimentando el riesgo de que actores criminales intenten infiltrarse o aprovechar estas estructuras para consolidar su poder. En lugar de reducir la violencia urbana y rural, una medida de este tipo podría generar nuevos focos de confrontación, aumentar los homicidios, las amenazas y la intimidación contra líderes sociales y comunidades que aún luchan por dejar atrás los años más oscuros del conflicto.
La seguridad debe fortalecerse, pero a través del Estado y de instituciones profesionales, transparentes y sometidas al control de la ley. Colombia, y particularmente el Magdalena, necesitan una Policía con mayores capacidades, una justicia más eficaz, mejor inteligencia y políticas sociales que prevengan el reclutamiento por parte de organizaciones criminales. La experiencia demuestra que cuando el monopolio de la fuerza deja de estar exclusivamente en manos del Estado, los costos terminan siendo pagados por la población civil. Antes de impulsar modelos que evocan un pasado doloroso, el país debería preguntarse si realmente está dispuesto a correr el riesgo de repetir una historia que aún no ha terminado de sanar.