La extorsión en Santa Marta dejó de ser un delito silencioso para convertirse en una forma de gobierno. En el Mercado Público, uno de los principales centros económicos de la ciudad, trabajar ya no depende del esfuerzo, sino de la capacidad de pagar una “cuota de seguridad” impuesta por estructuras criminales.
QUIEN PAGA, SOBREVIVE. QUIEN NO, ENTRA EN LA ‘LISTA NEGRA’
La inseguridad, tanto rural como urbana, derivada de la extorsión, está deteriorando profundamente a Santa Marta. No se trata de un fenómeno reciente: es una herida vieja que nunca ha dejado de sangrar, especialmente en sectores como el Mercado Público, donde el miedo se convirtió en norma.
Allí impera el control ejercido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, antes conocidas como Los Pachenca. Este grupo armado ilegal, que hoy busca una supuesta “Paz Total” con el Gobierno Nacional, ha sido señalado de protagonizar asesinatos, masacres, extorsiones y confrontaciones armadas con otras estructuras criminales como el Clan del Golfo.
La captura en 2024 de alias ‘Padrino’, ‘Rafita’, ‘Chespi’ y ‘Pata de Palo’, presuntos responsables del asesinato de tres familiares de la diputada del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, dejó en evidencia el alcance de estas estructuras. No solo se trata de violencia letal, sino de un entramado criminal que incluye despojo de tierras y extorsión, tanto en el Mercado Público como en sectores como Ayapel.
En su momento, el entonces director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, brigadier general Wharlinton Gualdrón, afirmó durante una rueda de prensa en el camellón de la Bahía de Santa Marta que “la detención de estas personas es un golpe a la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”.
Según explicó, la operación permitió desarticular una estructura dedicada al despojo de tierras, la extorsión y el sicariato. Sin embargo, pese a estos avances operativos, la realidad en las calles parece contar otra historia.
LAS AUTORIDADES CONOCEN EL PROBLEMA
Incluso desde la institucionalidad se ha reconocido el problema. La Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto del Distrito, Jenifer del Toro, ha advertido sobre la necesidad urgente de erradicar este fenómeno. Aun así, la extorsión no disminuye: crece.
Ese crecimiento se refleja en las amenazas constantes y en los asesinatos de comerciantes que, en muchos casos, se niegan a pagar. Uno de los hechos más recientes y conmovedores fue el asesinato de Alberto Guerrero, un vendedor informal que se disponía a instalar su puesto de jugos y fritos frente a la clínica del Prado, cuando fue atacado a tiros por hombres armados. Su muerte, según versiones recogidas en el sector, estaría relacionada con el no pago de extorsiones.
Soy Diego Ramírez Oyola, comunicador social y periodista de Santa Marta. Hoy escribo desde el exilio, lejos de la ciudad donde ejercí mi oficio y donde investigar estos temas implica, muchas veces, una sentencia de muerte. Desde la distancia, reconstruyo esta realidad que sigue cobrando víctimas en silencio.
ASÍ SE HABLA DE LA EXTORSIÓN EN SANTA MARTA
Cuando entré a trabajar en el Mercado Público en 2020, no imaginé la magnitud de los problemas que enfrentaban los comerciantes. Hostigamientos, amenazas, cobros ilegales y, en el peor de los casos, la muerte.
Uno de los hechos que marcó el inicio de esta investigación fue el asesinato de Gustavo Bornacelli, un carnicero con más de 30 años de trabajo en el Mercado. Ocurrió en noviembre de 2020.
En su momento, el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Óscar Solarte, afirmó que no se podía determinar si el crimen obedecía a un hecho personal o laboral. Posteriormente, algunos reportes lo señalaron como un intento de hurto.
Pero la versión oficial contrasta con lo que se escuchaba en los pasillos del Mercado. Un hombre que se movilizaba en una vieja bicicleta, que seguía la misma rutina diaria, que fue asesinado a pocos metros de su vivienda y al que no le robaron sus pertenencias. La pregunta sigue vigente: ¿realmente fue un atraco?
Entre los comerciantes, una versión se repetía en voz baja: “no quiso pagar”. Meses después, en febrero de 2021, otro asesinato reforzó esa percepción. Abraham Mayorquín Campo fue acribillado en su vivienda por hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones.
A Mayorquín lo conocí. Era un hombre amable, cercano, siempre con una sonrisa. Su muerte estremeció a quienes compartían con él en el Mercado.
“Era un hombre tranquilo, no se metía con nadie. Nosotros solo queremos trabajar”, dijo un comerciante. De nuevo, la versión oficial habló de otras hipótesis. Pero, nuevamente, en los pasillos del Mercado se repitió la misma frase: no pagó.
LO QUE DICEN LOS COMERCIANTES
Las víctimas de extorsión en el Mercado Público no son solo grandes comerciantes. También lo son vendedores informales, pequeños negocios y trabajadores independientes. Muchos de ellos pagan cuotas semanales, mensuales o incluso diarias para poder trabajar sin ser atacados. Y aunque existen canales institucionales como el GAULA para denunciar, el miedo pesa más.
“No tenemos acompañamiento. Si no pagas, te amenazan. Y si hablas, también. Estamos maniatados”, relata una comerciante.
Recientemente fue capturado alias ‘Leonardo’, señalado de exigir pagos a comerciantes del centro y del Mercado Público. Según las investigaciones, cobraba cuotas iniciales de 400 mil pesos y mensualidades de 200 mil. Pero el fenómeno no se limita al Mercado. Se ha extendido a barrios, obras de construcción, transporte y otros sectores de la economía local.
TIPOS DE EXTORSIÓN Y CONTROL CRIMINAL
Existen varios tipos de extorsión que desde años atrás vienen llevándose a cabo en las zonas de la ciudad y se han expandido a otras regiones del país, en algunos casos por miembros activos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y exmiembros de las bandas que operan en este territorio, que pertenecieron a Los Pachenca, este mismo grupo que cambió de nombre, pero no de modalidad para delinquir.
Empecemos por la que azota a los comerciantes del Mercado, la extorsión por seguridad de viviendas, conjuntos residenciales y barrios; por el parqueo de vehículos en zonas públicas; por mediar conflictos comunitarios, familiares e interpersonales; extorsión a personas que tienen un empleo estable y devengan buen salario; o a familias que reciben dinero de la Alcaldía por reparación como víctimas del conflicto armado o por ayudas humanitarias.
«NOS EXTORSIONAN POR LO MÍNIMO»
“Aquí nos extorsionan por lo mínimo. Dicen que nos van a cuidar, pero es mentira (…) ese dinero hace parte de una vacuna diaria que nos toca pagar, incluso hasta a los vendedores de tinto. Aquí nos cobran por estratos y hasta por oficio. Cuota diaria a los vendedores de tinto: 3 mil pesos; vendedores de frutas les cobran 5 mil; comerciantes de carnes 10 mil pesos diarios; empresarios 20 mil y hasta 30 mil diarios, o sea, es algo que engrandece la economía de cualquiera, pero minimiza las ganancias de los más pobres”, señaló un vendedor.
Pero, también extorsionan por no reclutar forzosamente a adolescentes; a las ventas de artículos variados; establecimientos comerciales; contratistas de construcciones públicas y privadas por la “seguridad” de las obras (en varios lugares cercanos al Mercado Público); o a taxistas para estar autorizados por el grupo que tiene el control ilegal en la zona, es decir, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
Adicionalmente, algunos grupos criminales manejan y comercializan productos de la canasta familiar que, de manera obligatoria y exclusiva, deben comprar tenderos y comerciantes, como es el caso de verduras. leche, arepas, huevos, queso, licores (legales y adulterados), productos de aseo doméstico y leche en polvo falsificada, entre otros.
Todas estas modalidades reflejan que las fuentes de ingresos que obtienen las organizaciones criminales a través de la extorsión son diversas. Y esto es apenas una de las tantas rentas criminales que manejan en el Mercado Público. Actividad delincuencial que además implica presencia territorial y gobernanza criminal mediante violencia e intimidación, sin que hasta ahora las autoridades hayan logrado detenerla, controlarla y garantizar la seguridad a los ciudadanos.
SANTA MARTA Y LA VIOLENCIA
Santa Marta no vive una crisis reciente: vive una violencia sostenida. Entre 2020 y 2024, la ciudad registró un aumento progresivo en homicidios, alcanzando cerca de 198 casos en 2024, con tasas que rondan los 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2025, aunque se reportó una leve reducción con cerca de 182 homicidios y una tasa cercana a 31, la ciudad se mantuvo entre las más violentas del país. Y en lo corrido de 2026, el panorama sigue siendo preocupante: la región Caribe, especialmente el entorno de la Sierra Nevada, continúa marcada por disputas entre estructuras armadas, con decenas de homicidios registrados en los primeros meses del año, lo que confirma que la violencia no ha cedido, sino que se mantiene activa y en transformación.
No es casualidad que Santa Marta haya sido incluida de manera reiterada en el ranking de las ciudades más violentas del mundo elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, llegando a ocupar posiciones como el puesto 38 a nivel global. Este dato no es menor: ubica a la ciudad en una categoría internacional donde la violencia deja de ser un problema local para convertirse en una alerta estructural. Aquí, los homicidios no responden únicamente a conflictos aislados, sino a dinámicas de control territorial, economías ilegales y disputas entre estructuras criminales.
Esa violencia no siempre aparece en las estadísticas con nombre propio. Muchas veces se disfraza de hurto, de riña o de ajuste de cuentas. Pero en el fondo responde a la misma lógica que domina sectores como el Mercado Público: la extorsión como sistema. Lo sé porque lo viví. Porque lo investigué. Y porque, como muchos otros, tuve que irme para poder contarlo.
UNA RESPUESTA TARDÍA
Las respuestas del Estado han llegado tarde. Siempre tarde. Han llegado después de los muertos, después de las amenazas, después de que el miedo se instaló como norma en los pasillos del Mercado Público de Santa Marta. Han llegado cuando el daño ya está hecho y cuando la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un sistema que regula la vida de cientos de comerciantes.
Durante años se han anunciado capturas, operativos y estrategias que, en el papel, prometen debilitar a las estructuras criminales. Sin embargo, en la práctica, el fenómeno no solo persiste, sino que se transforma, se adapta y se fortalece. Mientras las autoridades hablan de resultados, los comerciantes siguen pagando. Y el que no paga, muere.
La extorsión en Santa Marta no es únicamente un problema de seguridad: es una forma de control territorial, una economía paralela impuesta a punta de miedo. Es la evidencia de una gobernanza criminal que ha logrado instalarse en sectores clave de la ciudad sin que exista, hasta ahora, una respuesta contundente y sostenida en el tiempo.
Hoy, la pregunta no es si las autoridades están actuando, sino si lo están haciendo con la urgencia que exige una realidad que ya ha cobrado demasiadas vidas. Porque en Santa Marta la extorsión no solo vacía bolsillos: vacía la esperanza. Y mientras el miedo siga siendo más fuerte que la denuncia, y el silencio más seguro que la justicia, el Mercado Público seguirá siendo territorio de quienes imponen sus reglas con violencia.
La pregunta es hasta ¿cuándo?.