El Consejo de Estado impuso una sanción económica al exgobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, tras determinar que incurrió en conductas dilatorias dentro del proceso que anuló su elección por doble militancia.
De acuerdo con la providencia, Martínez presentó de manera reiterada solicitudes de aclaración y adición que no tenían fundamento jurídico, con el único fin de retrasar la firmeza del fallo en su contra.
Pese a las advertencias previas de la corporación, el exmandatario persistió en esa estrategia procesal.
La sanción consiste en una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que deberán ser consignados al Consejo Superior de la Judicatura en un plazo máximo de 30 días hábiles. En caso de incumplimiento, se iniciará un proceso de cobro coactivo.
El alto tribunal calificó estas actuaciones como una conducta “temeraria”, encaminada a obstruir la administración de justicia y evitar la ejecución de la sentencia que lo despojó del cargo.
Con esta decisión, el Consejo de Estado envía un mensaje claro frente al uso indebido de los recursos judiciales y ratifica la sanción contra el exgobernador, quien ya había perdido su investidura por incurrir en doble militancia política.