Por estos días, la Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a ser noticia, pero no por su biodiversidad, ni por la espiritualidad que la convierte en territorio sagrado para los pueblos indígenas. La Sierra arde por los bombardeos, por las operaciones militares y por una cacería que tiene nombre propio: alias “El Menor”. Y como casi siempre, arde lejos de las cámaras turísticas, pero demasiado cerca de las comunidades que habitan y resisten en silencio.
El Estado habla de resultados, de objetivos de alto valor, de golpes estratégicos. En los comunicados oficiales, la geografía se reduce a coordenadas y la selva a un tablero táctico. Sin embargo, en el terreno real, el impacto no se mide solo en capturas o neutralizaciones, sino en el miedo que se reactiva, en los desplazamientos silenciosos y en la ruptura de una frágil cotidianidad que nunca terminó de recomponerse.
La búsqueda de alias “El Menor” —presentado como ficha clave dentro del entramado criminal que disputa el control territorial— ha reavivado una lógica que la Sierra conoce demasiado bien: cuando el poder se enfrenta, la población queda en medio. Bombardeos que sacuden montañas ancestrales no distinguen entre combatientes y comunidades; la onda expansiva también golpea la confianza, la seguridad alimentaria y la posibilidad misma de permanecer en el territorio.
La narrativa oficial insiste en que no hay afectaciones civiles, pero la historia reciente del Caribe colombiano enseña prudencia frente a esas certezas. La Sierra no es un escenario vacío: allí viven pueblos indígenas, campesinos, familias enteras que han aprendido a sobrevivir entre actores armados, economías ilegales y un Estado que aparece casi siempre armado y casi nunca social.
La pregunta de fondo no es si el Estado debe perseguir a los responsables de la violencia —esa obligación es indiscutible—, sino cómo lo hace y a qué costo. ¿Puede hablarse de seguridad cuando las comunidades vuelven a empacar lo poco que tienen por temor a quedar atrapadas en medio del fuego? ¿Puede llamarse control territorial a una presencia que llega con bombas, pero no con hospitales, escuelas o justicia efectiva?
“La Sierra Arde” no solo por las explosiones, sino por la repetición de una estrategia que parece no aprender de sus propias consecuencias. Cada operación militar sin una intervención integral reabre heridas, alimenta el resentimiento y deja el terreno fértil para que nuevos nombres —nuevos “menores”— ocupen el lugar del perseguido de turno.
Mientras tanto, la Sierra sigue allí, observando desde su altura milenaria cómo el país vuelve a apostar por la fuerza antes que por la transformación real del territorio. Y en ese incendio, una vez más, los que menos deciden son los que más pierden.