La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este martes que la cruenta disputa territorial entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo provocó el desplazamiento forzado de más de 91.000 personas en el último año y generó una crisis humanitaria caracterizada por el reclutamiento de menores, el confinamiento de comunidades y ataques con tecnología bélica que ponen en riesgo de extinción física y cultural al pueblo indígena Barí.
Durante su intervención en el foro ‘Catatumbo en guerra’, Scott Campbell, representante de la entidad, detalló la gravedad de la situación en esta zona fronteriza. Según explicó el funcionario, las familias tuvieron que abandonar sus casas, fincas y medios de vida al ser víctimas o tener el «temor fundado de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos por parte de los dos actores armados no estatales que disputan el territorio y las economías ilícitas».
El balance de violencia verificado por el organismo internacional en 2025 arrojó cifras alarmantes. Campbell señaló que el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental reportó que «166 personas, incluyendo 10 niños y niñas, perdieron la vida, y 63 personas resultaron lesionadas» en medio de las hostilidades. Además, la confrontación dejó 19 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos y otros 66 heridos.
La violencia selectiva contra el liderazgo social fue otro punto crítico del informe. El vocero confirmó el homicidio de siete defensores de derechos humanos, incluidos seis hombres y una menor de edad. Al respecto, Campbell puntualizó que estos crímenes «se relacionan con la confrontación entre los grupos armados no estatales, y en su interés en debilitar los procesos organizativos de la región».
Uno de los aspectos más reveladores del reporte fue la afectación directa a la infraestructura educativa y a la integridad de los menores. Campbell denunció que existen centros educativos rurales inactivos debido a que «están minados en sus alrededores», lo que impidió que cientos de estudiantes completaran su ciclo escolar o siquiera lograran volver a clases.
Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó la desvinculación de 69 menores de las filas de la guerra en 2025, la ONU alertó sobre un «importante subregistro» en los casos. Campbell advirtió que, en la medida que los combates continúan, «aumenta el riesgo de reclutamiento».
La organización puso el foco sobre la situación crítica del Pueblo Barí, que registró más de 15 hechos victimizantes, incluyendo amenazas a sus autoridades tradicionales, instalación de explosivos en sitios sagrados y vigilancia tecnológica. «Urgimos la protocolización e implementación del Plan de Salvaguarda, derivado del Auto 266 de 2017 que declaró al Pueblo Barí en riesgo de extinción física y cultural», sentenció el funcionario.
Entre las agresiones documentadas contra esta comunidad indígena, Campbell enumeró «hostigamientos y vigilancia con drones, estigmatizaciones por redes sociales, audios amenazantes y retenes ilegales en sus territorios ancestrales».
En un tono contundente, el representante de la ONU dirigió un mensaje directo a los actores ilegales, recordándoles que sus operaciones tienen consecuencias legales internacionales. «Los grupos armados no estatales deben comprender que toda acción en contra de la población civil es prohibida por las normas internacionales y puede constituir crímenes internacionales, incluidos crímenes de guerra o crímenes lesa humanidad», aseveró.
Campbell les exigió «parar ya los ataques con drones y otros artefactos explosivos improvisados en áreas con población civil», así como liberar de inmediato a los menores en su poder y aplicar estrictamente el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Para cerrar la brecha de seguridad, la ONU recomendó al Estado colombiano integrar al Catatumbo en las regiones priorizadas para la política de desmantelamiento de organizaciones criminales y urgió a la Fuerza Pública a retomar el control territorial con «pleno respeto de los derechos humanos».
Finalmente, Campbell instó a las autoridades a realizar acciones amplias de desminado humanitario en los entornos escolares antes de reiniciar clases presenciales y recomendó «escuchar el clamor de las comunidades por el diálogo y por un Acuerdo Humanitario».