Febrero termina en Santa Marta y la palabra que mejor resume el mes no aparece en los comunicados oficiales ni en los balances institucionales: miedo. Un miedo silencioso, cotidiano, que se paga en efectivo y que se disfraza de “colaboración” para poder seguir trabajando. La extorsión volvió a marcar el pulso de la ciudad durante todo el mes, especialmente en los sectores donde la economía popular sostiene a miles de familias.
El Mercado Público fue, una vez más, el epicentro de esa presión criminal. Comerciantes pequeños, vendedores informales y transportadores cerraron febrero con la misma rutina que arrastran desde hace años: trabajar bajo amenaza. No se trata de hechos aislados ni de rumores exagerados. Es un sistema de cobro ilegal que opera con regularidad, que impone tarifas, fechas y castigos, y que se sostiene gracias al silencio forzado de quienes saben que denunciar no siempre significa protección.
Durante febrero se anunciaron operativos, controles y algunas capturas. Las autoridades hablaron de resultados y de presencia institucional. Sin embargo, en la práctica, la extorsión no se detuvo. Cambió de forma, de intermediarios, de números telefónicos, pero no desapareció. Para muchos comerciantes, el balance del mes fue claro: el riesgo continúa y la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente para desmontar las estructuras que controlan estos cobros.
Lo más preocupante es la normalización del delito. En Santa Marta, la extorsión dejó de ser una noticia para convertirse en una condición. Se asume como un “costo más” de operar un negocio, como una regla no escrita para sobrevivir. Febrero volvió a demostrar que el problema no es solo policial, sino estructural: economías ilegales consolidadas, control territorial fragmentado y una justicia que avanza más lento que el miedo.
El impacto no es únicamente económico. La extorsión erosiona la confianza, rompe el tejido social y obliga a muchas personas a tomar decisiones extremas: cerrar negocios, endeudarse o abandonar la ciudad. En febrero, ese daño fue visible en la reducción de actividades comerciales en ciertos sectores y en el temor creciente a hablar, a denunciar, a señalar.
El discurso oficial insiste en la recuperación de la seguridad, pero febrero cerró con una realidad distinta. Mientras no exista una estrategia integral que combine inteligencia, judicialización efectiva y protección real a las víctimas, la extorsión seguirá encontrando terreno fértil. Santa Marta no necesita más anuncios; necesita resultados que se sientan en la vida diaria de quienes trabajan desde la madrugada para sostener esta ciudad.
Así se va febrero de 2024: con negocios abiertos, pero con voces cerradas; con promesas repetidas y con una extorsión que sigue dictando las reglas en demasiados rincones de Santa Marta. El reto para los próximos meses será romper ese silencio impuesto antes de que se convierta en la única forma de sobrevivir.