Arranca enero de 2024 y en Colombia la seguridad vuelve a ocupar el centro de la conversación nacional. No por anuncios esperanzadores ni por balances alentadores, sino por una sensación persistente: el país comienza un nuevo año sin respuestas claras frente a una violencia que no se detiene y que, en muchos territorios, parece reconfigurarse con mayor rapidez que la capacidad del Estado para contenerla.
El inicio de este año encuentra a Colombia con múltiples frentes abiertos. En las regiones, los grupos armados ilegales continúan disputándose el control territorial, las economías ilícitas siguen financiando la guerra y las comunidades permanecen atrapadas entre promesas de diálogo y realidades de miedo. Mientras tanto, desde el nivel central se insiste en una política de paz que aún no logra traducirse en mejoras concretas para quienes viven en las zonas más golpeadas.
Uno de los grandes interrogantes de este comienzo de 2024 es si la estrategia de seguridad será capaz de combinar diálogo y control efectivo del territorio. La apuesta por negociaciones con distintos actores armados convive con una realidad incómoda: extorsiones, amenazas, desplazamientos y homicidios continúan ocurriendo incluso en zonas donde se anuncian avances. Para muchas poblaciones, la “paz total” sigue siendo un concepto abstracto, lejano a su vida diaria.
En el ámbito rural, el panorama no ofrece señales de alivio inmediato. Los corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales siguen siendo disputados, y la presencia estatal continúa siendo débil o intermitente. Sin inversión sostenida, sin justicia efectiva y sin protección real para líderes sociales y comunidades, la seguridad rural arranca el año con los mismos vacíos estructurales de siempre.
Las ciudades, por su parte, no escapan a esta dinámica. Enero inicia con alertas sobre el aumento de la extorsión, el fortalecimiento de estructuras criminales urbanas y una percepción creciente de inseguridad ciudadana. La violencia ya no se limita a los escenarios tradicionales del conflicto armado; hoy se infiltra en barrios, comercios y espacios cotidianos, afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Otro factor clave en este arranque de año es la situación de la Fuerza Pública. Policías y militares enfrentan un escenario complejo, marcado por el desgaste operativo, la incertidumbre sobre su rol y la falta de una narrativa clara que respalde su labor. Sin una estrategia definida que articule seguridad, derechos humanos y control territorial, el riesgo es que la respuesta del Estado siga siendo reactiva y fragmentada.
El ejercicio del periodismo y el liderazgo social tampoco comienzan el año con garantías suficientes. Las amenazas contra quienes informan, denuncian o lideran procesos comunitarios siguen presentes, recordando que la seguridad también es una condición indispensable para la democracia. Sin libertad de prensa ni protección a las voces críticas, cualquier discurso de estabilidad pierde credibilidad.
Así empieza 2024 para Colombia: con más preguntas que certezas. La seguridad no se resuelve con anuncios de inicio de año ni con balances optimistas, sino con decisiones firmes, coherentes y sostenidas en el tiempo. Este enero deja claro que el desafío no es menor: o el país redefine su manera de enfrentar la violencia, o corre el riesgo de repetir, una vez más, un año marcado por la misma deuda histórica con la seguridad de sus ciudadanos.