Columna de opinión
*Diego Alonso Ramírez Oyola
En Santa Marta, hablar de paz con
las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ya no genera
esperanza, sino escepticismo. Lo que empezó como un gesto audaz del Gobierno
Petro dentro de su ambiciosa «Paz Total», hoy se percibe como un
proceso fracturado, desgastado y peligrosamente desconectado de la realidad que
viven las comunidades del Magdalena y la Sierra Nevada.
En febrero de 2025, cuando se
anunció que los diálogos con las ACSN pasaban a una fase sociojurídica, muchos
creyeron que se abría un nuevo capítulo. El grupo prometía dejar las armas, cesar
el reclutamiento infantil y avanzar hacia la legalidad. Incluso, en julio,
anunciaron un cese temporal de la extorsión por tres meses como «gesto de
paz». Pero ni el Estado ni la población cayeron completamente en la trampa
del simbolismo: porque los gestos no reemplazan los hechos.
Hoy, la cruda verdad es que el
proceso está en nada. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han jugado
bien su carta: se disfrazan de interlocutores de paz mientras mantienen
prácticas mafiosas. Y el Gobierno, atrapado entre la urgencia de mostrar
avances y la fragilidad del terreno, ha cedido demasiado sin exigir resultados
verificables. La población, al medio, es quien sigue perdiendo.
Es hora de redefinir lo que
entendemos por paz. No puede ser simplemente una mesa de negociación con
quienes siguen violentando el territorio. La paz verdadera exige presencia
institucional sólida, justicia efectiva, oportunidades reales para los jóvenes,
y un compromiso claro con las víctimas. Cualquier proceso que ignore esto será
tan frágil como las treguas de papel que se rompen con la primera ráfaga.